La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aceptó el sometimiento del mayor (r) Hugo Alfonso Abondano Micán, excomandante del Batallón 42 Héroes de Barbacoas, procesado por su presunta responsabilidad en la desaparición forzada de al menos doce campesinos a manos de grupos paramilitares.

Los hechos ocurrieron en 1996 en Carmen de Viboral, oriente antioqueño, bajo el mando del excabecilla de ese grupo armado Ramón Isaza.

Según el expediente, el mayor Abondano es investigado debido a que las desapariciones forzadas, donde se señaló a esas personas de ser colaboradoras de la guerrilla, se habrían perpetrado con la venia de los militares de esa unidad militar, y el oficial a pesar de las alertas de orden público sobre lo que estaba pasando, habría sido omisivo y facilitado la labor criminal de las Autodefensas.

“Hacía presencia institucional en la zona, con mando sobre la tropa y con la posibilidad de apreciar lo que estaba ocurriendo y poder adoptar medidas al respecto, y a lo menos, denunciarlo, lo cual conforme a lo probado hasta el momento, no hizo, teniendo la oportunidad”, señala el expediente, citado por la JEP.

Ya que el excomandante del Batallón 42 presentó una descripción totalmente genérica de lo que colaboraría, y sin ahondar en los puntos que dilucidará, ciñéndose a decir que explicará las órdenes que recibió de sus comandantes, la jurisdicción le ordenó que en un término máximo de 15 días ajuste su plan de colaboración ya que lo que presentó “no satisface los mínimos establecidos” por la JEP.

“La no presentación del ajuste en los precisos términos de esta providencia, puede llevar a que esta Sala considere que se ha configurado un incumplimiento al régimen de condicionalidad. Esto daría lugar a la posibilidad de perder todos los beneficios propios del sistema transicional, incluyendo el acceso mismo a esta jurisdicción” , indicó la magistratura.

Adicionalmente, se le pidió que aclare si reconocerá o no responsabilidad por esa investigación, así como otra en la que se le indaga por la muerte de cuatro personas en una aparente ejecución extrajudicial ocurrida en octubre de 1996, donde las víctimas fueron presentadas como “combatientes” del ELN.